Carta al lector

CARTAS

Detrás del conflicto agrario se está jugando si quien decide la asignación de recursos y la distribución de la renta es el Estado o el mercado. Una crucial discusión política que explica las dificultades para arribar a acuerdos.

Las retenciones –que están siendo aplicadas, con distintas características en 40 países del mundo entre los que se cuentan algunos tan disímiles como Rusia, Ucrania, Colombia y Costa Rica– son una herramienta fundamental, apta para desvincular los precios internos de los alimentos de los que rigen en el mercado internacional. En el caso de las que se aplican a la soja, los cuestionadores de su vigencia argumentan que no se trata de un alimento que se consuma significativamente en la Argentina, omitiendo consignar que el continuo avance de la superficie sembrada de ese producto en detrimento de la que se dedica a otros cultivos, a la ganadería o a la lechería, deteriora la tierra, la satura de fertilizantes y herbicidas, disminuye la diversidad, limita la oferta agroindustrial y destruye empleo rural.

Curiosamente, cuando se comercializó la cosecha 1995/96, en pleno auge del laissez faire, la sobrevaluación de la moneda era equiparable a un promedio de retenciones del 44,2%, circunstancia que pareció no preocupar a las entidades ruralistas que –con la excepción de la Federación Agraria Argentina– acompañaron fervorosamente esas políticas.

¿Por qué el paro patronal y las indignadas asambleas cuando los principales reclamos de los chacareros que producen menos de mil toneladas ya fueron contemplados? Porque algunos de los promotores de las medidas están seducidos con la posibilidad de constituirse en epicentro de un polo opositor capaz de neutralizar y desalentar cualquier intento de fortalecer la intervención estatal en la economía, única garantía de soberanía alimentaria. Pero también porque la estructura del campo argentino ya no es la de hace tres o cuatro décadas. Casi ha desaparecido el latifundio improductivo ante el estímulo de los altos precios de las materias primas y surgió un nuevo modelo basado en las instalación del capital financiero como dinamizador de la producción, expresado fundamentalmente por los pooles de siembra, asociados a media docena de poderosas empresas agroalimentarias multinacionales, que arriendan tierras en la pampa húmeda a altos valores, lo cual determinó que para muchos pequeños y medianos propietarios fuera más rentable alquilar sus campos sin asumir mayores riesgos que trabajarlos personalmente.

El fenómeno, nada menor, empujó a una fracción de los pequeños y medianos productores, víctima objetiva de la situación descripta, a actuar como aliada de sus victimarios, política suicida que a corto plazo va a potenciar las contradicciones ya existentes en las organizaciones.

Pero las retenciones son condición necesaria aunque no suficiente para instaurar un esquema más equitativo, que requiere –entre otras cuestiones– avanzar en una ley de arrendamientos que detenga la expansión de los fideicomisos financieros y los fondos de inversión, erradicar las condiciones de explotación del trabajador rural, hacer cumplir la ley de bosques para acabar con los desmontes con el objetivo de promover una redistribución de la riqueza que favorezca a los sectores más postergados de la sociedad, lo cual exige una gigantesca acumulación de fuerzas políticas y sociales que trascienda los objetivos coyunturales y apunte a una profunda transformación de las estructuras vigentes.

 

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