Carta al lector

 

CARTAS

La lucha por la libertad de los presos políticos y sociales tiene profundas raíces en la historia argentina reciente

 

En 1937, durante la llamada “década infame”, la represión del régimen abarrotaba las cárceles en nombre de la represión al comunismo y en la Sección Especial de la policía se torturaba a los opositores. Por entonces, el abogado Mario Pita y la médica Alcira de la Peña encararon la organización de una entidad amplia y plural que se ocuparía del tema. Así se fundó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (hoy Liga Argentina por los Derechos Humanos) de la que formaron parte, entre otros, el demoprogresista Lisandro De la Torre, el socialista Mario Bravo, el radical Fabián Onsari, el comunista Augusto Bunge y Deodoro Roca, uno de los impulsores de la Reforma Universitaria. Durante décadas, la Liga realizó una tarea incansable por la libertad de los presos políticos, sin que importara la ideología que portaran.

Cuando la dictadura genocida iniciaba su acción devastadora, florecieron una decena de organismos –entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo- que multiplicaron esos esfuerzos y los llevaron al límite del heroísmo. A partir de esta dolorosa etapa comenzó a encarnarse en las mayorías populares la idea de que ningún ser humano debería ser perseguido por sus ideas, cualesquiera fueran las excusas o las circunstancias.

El macrismo,  al igual que sucediera en el resto del mundo y especialmente en América Latina, comenzó a explorar una forma original de la persecución, el denominado lawfare, que consiste en la utilización de la justicia del sistema para fraguar pruebas, aceptar testimonios de supuestos arrepentidos e inventar maniobras de todo tipo, con el fin de legitimar la cacería de brujas. Todos los organismos humanitarios  más el flamante Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos exigen hoy que esa aberración finalice de inmediato. Desde algunos sectores del poder político se les replica que se trata de personas que están siendo juzgadas por presuntos delitos y, por lo tanto, no hay modo de lograr ese objetivo, que –en su opinión- debería ser logrado mediante la intervención de la misma justicia corrupta que urdió la siniestra trama. Para fundamentar esta postura se apela al eufemismo de que no son presos políticos sino “detenidos arbitrariamente”.

Se omite así considerar 1) Que los magistrados cómplices siguen en sus puestos  2) Que la Suprema Corte nada hizo en cuatro años para enmendar estas atrocidades 3)  Qué existen pruebas consistentes de que la mayoría de los juicios están viciados de nulidad por falsificación de testimonios, sobornos a los declarantes y evidente malicia 4) Que los represaliados no pueden esperar a que se produzca una “reforma judicial”.

Por otra parte, quienes han sido castigados por la llamada Doctrina Irurzun –todavía vigente en los hechos- que deberían gozar de la libertad hasta tanto se sustancien los juicios y se revisen las pruebas, siguen inconstitucionalmente detenidos.  No se trata de discusiones semánticas, sino de establecer un principio que, como ya se expuso, tiene profundas raíces en la historia argentina reciente.

Todos los poderes del Estado están obligados a agotar los recursos para que se concrete ya la libertad de todos los presos políticos y sociales. Se trata simplemente de abandonar las coartadas justificatorias y de ponerse a trabajar para que ello suceda.

 

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