El agua no se toca

La derogación de la modificación de la ley 7722 que ponía el agua de Mendoza al servicio de la megaminería es un triunfo de la movilización popular. La vigilia de miles de ciudadanos y ciudadanas en defensa de la normativa que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la explotación minera fue un golpe decisivo para contener las políticas extractivistas que amenazan a la Naturaleza.

mendoza

Los movimientos populares sitiaron la legislatura el día 17 de Diciembre, impidiendo el tratamiento de la modificación de la Ley 7722. Desde asambleas, organizaciones sociales y vecinos y vecinas autoconvocados se trasladó la consigna “el agua de Mendoza no se negocia”, “el agua es de todos” y “el agua no se toca”. El edificio legislativo de Mendoza fue (y continúa siendo) el foco de encuentros de las organizaciones que luchan por el veto de la normativa.

Desde 2007, cuando fue sancionada en Mendoza, la Ley 7722  atravesó y soportó muchos golpes, pero nada pudo derribarla. Su ratificación como constitucional en 2015, así como su vigencia, ha salvado al pueblo mendocino (y ha sentado jurisprudencia en todo el país) de los destinos catastróficos en materia de medio ambiente. En tal sentido, vale la pena aclarar que la ley no prohíbe la minería, sino que la regula y controla. Protege el recurso hídrico, que más que recurso es un bien común de todos los ciudadanos del país y de la región. Este es el puntapié inicial para la necesaria argumentación de por qué esta reforma implica un ecocidio

 Además de la insustentabilidad de la megaminería y de sus prácticas extractivas, el abuso del recurso acuífero por parte de las empresas privadas ha sido una moneda corriente en los acuerdos comerciales para la explotación de los territorios. La reforma de la normativa da lugar a la desregulación en términos de utilización de los bienes comunes (es decir, propios de la ciudadanía) por parte de entes corporativos. Este tipo de promulgación, incitado por el Poder Ejecutivo y vuelto ley a través del legislativo, es una clara materialización del interés neoliberal de disponer de los territorios.

Las técnicas de extracción de minerales en los pozos incluyen, entre tantas otras metodologías sumamente nocivas para la sustentabilidad del ambiente, el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico, materiales que en contacto con el agua, ayudan a la separación del metal con la roca, al mismo tiempo que acelera el proceso de cavado. ¿Qué papel cumplía la ley? Impedía el abuso y el uso indiscriminado de agua en la explotación minera. Su modificación, en todo sentido, indica un pleno interés en el desarrollo del sector empresario, en detrimento de la sustentabilidad de la ciudadanía.

Muchas veces, y más en el modelo de producción en el que nos encontramos inmersos y atravesados, los acuerdos mercantiles subliman los ideales del desarrollo. Al decretar que el fin último del modelo es la expansión de las economías, todo lo que queda en el medio se ha vuelto un medio para cumplimentar dicho fin. El ambiente ha sido, históricamente, receptor de muchas cachetadas comerciales.

Otro factor fundamental a la hora de reflexionar y tomar postura por lo sucedido es que fue una ley escrita por el pueblo, que nace de una demanda histórica por el cuidado del medio ambiente y por el control y la administración soberana de la ciudadanía de sus propios recursos y espacios comunes. El antecedente de luchas en la Patagonia en contra de la minera Barrick Gold implicó la demarcación de un horizonte, una perspectiva de igualitarismo y de percepción de la naturaleza como un par y no como un elemento del cual el individuo dispone.

La confirmación de la reforma legislativa no tardó en movilizar a las organizaciones ambientalistas. Y lo que tampoco tardó en llegar fue la represión. Durante el mediodía del 23 de diciembre, balas de goma, golpes y arrestos por parte de las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en la plaza central de Mendoza. Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea Popular por el Agua e integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, fue apresada durante la concentración en la Legislatura. Sebastián Garrida, José Romano, Florencia Alderisi, Daniela Calle, Manuel Barroso, Emmanuel Martínez y Franco Galla también fueron detenidos.

El periodista de FM Cuyum, Juan Pablo Gaya, expresó al aire de Radio Gráfica que tanto Lavarello como Alderisi fueron las primeras en ser liberadas. Por otro lado, el periodista hizo algunos señalamientos interesantes en términos políticos, al indicar que “esta movilización, histórica para Mendoza, implicó que tanto un sector como el otro de la política se unan en virtud de una demanda única”. Gaya señaló que “había piedras que estaban ubicadas estratégicamente enfrente de la legislatura”, haciendo alusión al accionar de los servicios infiltrados para desvirtuar un reclamo que, desde sus inicios, “fue siempre pacífico”.

Con la reforma, el Estado pasaría a ser un prestamista del agua, dejando sin poder de decisión a los pueblos. La posibilidad de tener a disposición el recurso acuífero, a un precio accesible, sin restricciones de uso, y pasando por encima todo derecho humano de acceso al agua potable, implicaría que las empresas, además de maximizar sus ganancias, tengan más facilidades a la hora de llevar a cabo su producción. Más aún, las pertinentes reestructuraciones a los artículos de la ley darían pie a las corporaciones para apropiarse y hacer uso del agua.

El desconocimiento de las garantías constitucionales en materia ambiental y soberana es total. La intención por parte de la legislatura fue la modificación del artículo primero de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, y otras sustancias tóxicas similares en toda la minería metalífera que se practique en territorio mendocino. Con la reforma normativa, este tratamiento quedará como un ejemplo más de la relación mercantil entre los reguladores y los regulados, entre las instituciones de gobierno y los gerentes empresarios.

 Por eso, el reclamo por el veto de la ley, promulgado e impulsado por la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria, es válido. La Constitución Nacional, en su artículo 41, expresa que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Aparentemente, las autoridades no pretenden releer el significado del término “garantía constitucional”. La lucha es también el reconocimiento de los derechos que deberíamos gozar.

El interés de las mineras como la Barrick Gold o la Pan American Silver, en territorio provincial y en todo el país, radica fundamentalmente en la extracción de cobre, oro y plata. De la misma manera, estas empresas han tenido sus emprendimientos en lugares como Chile y Bolivia, y como lo hemos presentado en informes previos, la intervención territorial en América Latina recurre a un marcado interés neoliberal extractivo y de aumento de la plusvalía empresaria. La costilla que sangra, sin embargo, es la de los pueblos de la zona. El conflicto se presenta, ante la evidencia empírica, geopolítico y social.

El acceso al agua es un derecho humano básico, y su comercialización es un avasallamiento a la soberanía de los pueblos. El extractivismo es una condena capitalista a las garantías sociales de todos nosotros.

Juan Patricio Méndez
Fuente y fotos: Radio Gráfica

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