A 43 años de una masacre

El último 6 de julio se cumplieron 43 años de la Masacre de Palomitas, el fusilamiento de once presxs políticxs durante la última dictadura cívico militar, uno de los hechos que fueron objeto de juicio en la conocida como Causa 13 o Juicio a las Juntas.

Bajo la consigna “¡Compañerxs masacradxs en Palomitas, presentes, ahora y siempre!”, fueron recordadxs una vez más lxs once detenidxs por razones políticas que la noche del 6 de julio de 1976 fueron asesinados en el paraje Palomitas, al costado de la ruta nacional 34, unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.

fusilamiento

Por el número de víctimas y por sus características, la Masacre de Palomitas es uno de los hechos destacados del muestrario de horror llevado a la práctica por los militares y civiles que el 24 de marzo de 1976 asaltaron el poder constitucional.

Este hecho sigue investigándose en la Justicia Federal de Salta. Ya se determinó que en la provincia la orden de ejecución fue dada por el entonces coronel Carlos Alberto Mulhall, que era jefe del Ejército en Salta. El director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió la orden de entregar lxs presxs políticxs a una comitiva del Ejército. La excusa es que se lxs iba a trasladar a una cárcel de mayor seguridad.

El capitán Hugo Espeche fue el encargado de llevar la orden escrita, con la lista de quienes iban a ser asesinadxs. El capitán llegó a la cárcel a las 19.45. Impartió también otras órdenes: Por disposición del Ejército, y la corrupción criminal del Servicio Penitenciario Provincial, la salida de lxs detenidxs no se registró en los libros del penal.

El ex detenido Eduardo Tagliaferro ha relatado esos momentos: “La noche del 6 de julio del ‘76, antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, una patota del Ejército comandada por un teniente de apellido Espeche, entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray –un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que, más por miedo que por otra cosa, renunció a la fuerza y se alistó como carcelero–, el oficial jefe de guardia, Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias”.

“De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles ‘asesinos hijos de puta’. Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. A principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible ‘operativo mantel blanco’, en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos. Usinger quizá recordó ese mensaje y por ese motivo opuso toda su resistencia”. Contó Tagliaferro.

También la ex detenida Graciela López relató esos momentos: “Primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban”.

Se destaca en los recuerdos la presencia de Celia Leonard, joven madre, que alcanzó a dejar su bebita en brazos de su hermana Nora.

Para sacar a lxs detenidxs la cárcel fue puesta a oscuras. Y se dispuso que el personal penitenciario de menor rango permaneciera apartado.

Ya en la salida de la ciudad un grupo de policías encabezados por el jefe, el coronel Miguel Raúl Gentil, y el subjefe, el mayor Juan Carlos Grande, se sumó al operativo.

Paralelamente, entre Salta y Güemes, cerca de la localidad de Cobos, otros ejecutores secuestraron un automóvil Torino y una camioneta Ford F 100 que usaron para simular un enfrentamiento.

El fusilamiento se ejecutó exactamente en el paraje Las Pichanas, cerca de la estación de peaje Cabeza de Buey, sobre la ruta nacional 34. Ahí fueron asesinadxs Celia Raquel Leonard de Ávila y su marido, Benjamín Leonardo Ávila. Ella tenía 34 años y era maestra, Benjamín tenía 39 años; juntos habían dado a luz a cuatro hijos, la más chiquita, aún bebita, estaba con su madre en la cárcel.

Georgina Droz tenía 35 años, era santafesina, había obtenido el título de licenciada en Ciencias de la Educación, enseñaba en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de donde fue dejada cesante en diciembre de 1974. También era santafesina Evangelina Botta de Nicolay, tenía 30 años y era psicóloga, militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

María del Carmen Alonso, “Chicha”, era salteña, arquitecta, sobrina del ex gobernador Miguel Ragone y estaba vinculada al ERP. Tenía un hijo y una hija, Elia Fernández, que hoy milita en HIJOS.

María Amarú Luque de Usinger, tenía 26 años, era sicóloga y era santafesina. En el penal se había casado con Rodolfo Usinger, ingeniero rosarino de 27, militante de Montoneros.

Roberto Oglietti, de 21 años, estudiaba Ciencias Naturales en la UNSa, se había inscripto en la carrera de Historia y era simpatizante del ERP. José Víctor Povolo se dedicaba al comercio, tenía 29 años. Roberto Savransky era un médico tucumano, militante de Montoneros y estaba detenido desde febrero de 1975, tenía 32 años y dos hijos.

Con 49 años, el mayor de todos era Pablo Eliseo Outes. Tenía tres hijos. Había sido legislador provincial. Tras un exilio en Venezuela, se entregó en noviembre de 1975. En un intento por lograr que se le garantizara seguridad, se había presentado acompañado por el juez federal Ricardo Lona, hoy investigado por su complicidad en estos hechos y otros delitos de lesa humanidad.

Tras el crimen, el Ejército emitió un comunicado en el que afirmaba que había habido un “enfrentamiento” en el que fueron “muertos Alberto Simón Savranky, Leonardo Benjamín Ávila y Raquel Celia Leonard de Ávila, lográndose fugar José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Pablo Eliseo Outes, Evangelina Botta de Linares o Nicolay, Rodolfo Pedro Usinger, Georgina Graciela Droz, Roberto Luis Oglietti y María Amarú Luque”.

Los autores secuestraron documentación y pruebas reunidas en la Comisaría de Güemes. Un inexistente médico Quintín Orué firmó los certificados de defunción.

Los cuerpos fueron dispersados. En Pampa Vieja, Jujuy, se armó otro simulacro de enfrentamiento. Los restos de María Amarú, Rodolfo fueron encontrados en el cementerio de Yala. En el paraje Ticucho, Tucumán, se fraguó otro enfrentamiento y allí dejaron los cuerpos de Pablo, José y María del Carmen.

Los restos de María del Carmen, Celia y Leonardo fueron entregados a cajón cerrado y el teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega prohibió a los familiares toda manifestación de aflicción.

Fuente: Vo-Ve

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