Morales y el negocio del cannabis

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha presentado el proyecto de producción de cannabis para uso medicinal como una de las decisiones más acertadas de su gestión. Promete mil puestos de trabajo, una proyección mundial de la provincia y el inicio de alianzas con capitales extranjeros que cambiaran la economía de la región. Los datos concretos lo desmienten. La provincia proveerá a la empresa privada de todo tipo de facilidades, pero podrá en riesgo 300 puestos de trabajo directos y otros 500 indirectos de productores de la zona que pueden ser desplazados. Si el negocio crece como Morales espera, toda la región pagará más caros los alimentos porque quedará desabastecida de alimentos frescos.

“El hecho de que capitales extranjeros entren obedece a cómo están las cosas. Que entre alguien de afuera y se haga cargo del ciento por ciento del financiamiento, con la provincia aportando sólo tierras y los permisos, es positivo. Somos el resorte institucional que permite el desarrollo”, se ufanó el gobernador jujeño, en diciembre de 2018, luego de rubricar un convenio con la empresa estadounidense Green Leaf Farms, para permitir el cultivo, extracción, fabricación y exportación de productos derivados del cannabis con fines medicinales.

Por si la categórica definición no fuera suficiente, Gerardo Morales agregó: “Es la posibilidad de cambiar la matriz productiva de la provincia de Jujuy, la creación de centenares de puestos de trabajo y la transferencia de conocimientos y tecnología”.

Pero una cosa es el terreno especulativo de las declaraciones y otra los hechos concretos. Para la explotación del cannabis, el gobierno provincial dispuso la finca El Pongo, un predio de tierras del estado jujeño ubicado en las cercanías de la localidad de Perico, que tiene una extensión de 11.524 hectáreas (originalmente eran 14 mil), de las cuales 6.039 son aptas para el cultivo. Allí históricamente trabajan productores de la agricultura familiar que tienen asignadas pequeñas parcelas de 2,5 hectáreas promedio. Es una extensión productiva con un siglo de historia.

Actualmente hay en la finca 300 arrendatarios productivos que cosechan frutilla, lechuga, acelga, zanahoria, maíz, tomate, pimiento, zapallo, zapallito, papa, arveja y habas. Vale decir, que cultivan gran parte de los alimentos frescos que se consumen en la zona ¿Qué va a pasar con los agricultores y con las otras 500 familias que están asociadas a la actividad de El Pongo, si prosperan los planes del cultivo cannábico?

Frente a las marchas de protesta de los campesinos, el equipo de difusión del gobernador Morales insiste en que hay versiones “falaces” que quieren preocupar a los productores, pero que el proyecto no contempla desplazarlos y que cada paso que se dé será consensuado. Las palabras suenan tranquilizadoras, pero no están refrendadas con documentos concretos. Los productores no saben el alcance del contrato firmado y no tienen ninguna garantía por escrito de que se los vaya a consultar en el futuro.

Peor aún, Mark Bradley, el empresario que firmó el acuerdo en nombre del grupo Player’s Network, que gestiona la marca Green Leaf  Farms, aparece en un video con el que busca convencer a posibles inversores explicando que el convenio con Jujuy incluye las 14 mil hectáreas de El Pongo. “Tenemos bastante terreno, mucha irrigación, mucha energía. Tenemos la intención de construir millones de invernaderos”, informa Bradley a sus potenciales aportantes.

El gobierno jujeño no lo ha desmentido. La referencia a la irrigación no es menor, actualmente sólo 2.720 hectáreas de El Pongo cuentan con riego, y  son aprovechadas para una variedad de cultivos. O bien el ejecutivo jujeño piensa darles otro destino o bien invertirá en sistemas de riego en áreas que actualmente no lo tienen para cederlo a los inversores y cumplir con el contrato de la producción de cannabis, que establece que las tierras tendrán “provisión de agua alimentada por dos ríos”.

En la página web oficial de Player’s Network, hay otra pista sobre la posible expansión del emprendimiento en el terreno en cuestión al referirse a que el lugar acordado consiste en “tierras adecuadas para expandir y satisfacer la demanda mundial de investigación médica del CDB (cannabidiol)  y cannabis”. Y se vuelve contundente cuando afirma que “Se trata de la primera empresa conjunta gubernamental en el mundo con orientación al cannabis (…) diseñada para crear el mayor productor del mundo con una operación de crecimiento que es mil veces mayor en tamaño que la mayor granja de cannabis en Estados Unidos”.

cannabis

Otro aspecto poco difundido es el papel de la provincia en el ciclo productivo. Para la ocasión, se creó una sociedad estatal, CANNAVA, que dirige uno de los hijos del gobernador, Gastón Morales. Por ahora queda claro que la provincia pone la tierra, el riego, la energía y exenciones impositivas. La empresa pone las inversiones necesarias, los laboratorios y la tecnología. En la genérica difusión oficial, no se menciona en ningún momento de quién es el know how que resulte de la experiencia, aunque de las palabras del gobernador Morales se desprende que el dueño del conocimiento es el inversor privado y la provincia solo participa como socio en las probables ganancias (“El laboratorio va a ser privado”, aseguró en un reportaje radial, reproducido por la publicación local Jujuy Dice). No es un dato menor, si así fuera, Green Leaf Farms puede mudarse en unos años a cualquier otro punto del planeta más rentable con su tecnología y Jujuy se quedaría solo con la materia prima.

Aquí cabe otra especulación. El desarrollo del cannabis con fines medicinales es muy reciente y la experiencia de la firma estadounidense que firmó el acuerdo es mínima, como la de la mayoría de los interesados en este nuevo negocio. En la Argentina, se está investigando el tema y ya existe un proyecto en marcha de 22 laboratorios públicos para fabricar aceite de cannabis.   Uno de esos laboratorios, el LIF, de Santa Fe, está en condiciones tecnológicas de producirlo y la Universidad de Rosario tiene un equipo técnico en condiciones de testear los niveles de sustancia adecuados.

La Argentina puede producir cannabis para uso medicinal, tanto para consumo interno como para exportación, sin necesidad de recurrir a socios advenedizos internacionales, que consiguen beneficios extraordinarios y que solo comprometen un porcentaje de las posibles ganancias. Jujuy podría haber participado de ese impulso nacional, sin necesidad de poner en riesgo fuentes de trabajo legítimas y necesarias para la comunidad.

La producción en ese ámbito público está trabada porque las autoridades nacionales están demorando los premisos correspondientes. Jujuy, en cambio, consiguió una rápida aprobación para su alianza con su socio norteamericano.  Apenas un mes después de la firma del acuerdo, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el protocolo presentado y dispuso un plan operatorio en el que participan la Infantería, el CEOP y el ministerio provincial de Seguridad. Como consecuencia, los trabajadores de El Pongo se mueven desde febrero entre personal de seguridad y las clásicas visitas turísticas a la finca quedaron relegadas porque las medidas  preventivas obligan a pedir permisos especiales al Ministerio de Seguridad o al hijo del gobernador.

La promesa de Morales puede resultar atractiva cuando se desconocen estos pormenores. Ser líder mundial de un producto que será seguramente un gran negocio, suena muy bien. La posibilidad de mil puestos de trabajo, aunque no se aclare que muchos serán temporarios de acuerdo con el ciclo productivo del cannnabis, también parece una buena noticia. La llegada de inversiones productivas a la provincia tampoco es criticable.

No obstante, el propio gobierno provincial a través de sus responsables de prensa y comunicación, le pone “peros” a tanto optimismo. En un apartado de la información oficial sobre las ventajas del convenio con Green  Leaf Farms aclara: “Este comunicado de prensa contiene ‘proyecciones futuras’ que incluyen información relacionada con eventos futuros. Las declaraciones prospectivas no deben ser interpretadas como una garantía de rendimiento o de resultados futuros y no necesariamente serán proyecciones precisas del tiempo que tomará la obtención del rendimiento o resultados propuestos”.

En definitiva, el proyecto es una entelequia. Lo que sí puede estimarse con un grado importante de certeza es que pone en riesgo el trabajo de por lo menos 800 jujeños y el acceso a alimentos básicos de los pobladores de Perico y aledaños. Mientras tanto, los inversores privados tienen el beneficio de exenciones impositivas, tierras, riego y energía que se les ha negado históricamente a los productores locales. Así las cosas.

Eduardo Blanco
Editor laredpopular.org

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