El enemigo senegalés

El ruido de una veintena de motocicletas se oye cada vez más fuerte sobre la calle Avellaneda. Es sábado al mediodía, y esta zona del barrio porteño de Flores está abarrotada de gente comprando ropa, tanto en los locales como sobre las veredas, donde miles de personas sin trabajo formal improvisan puntos de venta callejeros. Nada parece detener el frenesí consumidor, pero algunos levantan la cabeza y lo advierten: hay un nuevo operativo ‘cacería’ contra los vendedores ambulantes.

 

Un centenar de oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sale a la carrera, portando armas reglamentarias y chalecos antibalas, en busca de sus presas: serán, en su mayoría, senegaleses, quienes comienzan a correr por la avenida con su mercadería en la mano. Los que no se salven, van a forcejear sin suerte y quizás reciban alguna herida en el intento. Varios de ellos pasarán la noche detenidos y perderán su único capital material de subsistencia: los relojes, gafas de sol, gorros o prendas de vestir que venden para ganarse la vida aquí.

Este tipo de operativos policiales se repite semanalmente en las zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires. A tal punto, que en el mes de marzo el Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas (ONU), tras una visita a la Argentina, instó al gobierno local a “poner fin al excesivo control policial” de los vendedores ambulantes de ascendencia africana, y alertó que las detenciones “sin orden judicial”, dada la “falta de fundamento jurídico”, son “ilegales.

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Violenta represión de la policía de Larreta a vendedores senegaleses

 

En realidad, el gobierno porteño sí cree que tiene elementos para realizar las detenciones; por un lado, por la “ocupación ilegal” del espacio público (contravención), y por el otro, en violación a la ley de marcas, ya que buena parte de la mercadería que portan los senegaleses —y de otras nacionalidades africanas—, son imitaciones de marcas multinacionales de renombre, que se venden a un precio mucho menor al que se ofrece en las bateas de las grandes tiendas.

 

Fuentes del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad señalaron a RT que “el comercio ilegal no implica sólo vender productos por fuera de los espacios habilitados, sino que muchas veces también oculta relaciones laborales de explotación o maltrato”. En febrero, la Policía Federal, junto a la Dirección Nacional de Migraciones, detuvo a cuatro senegaleses que se dedicaban a traficar compatriotas, a quienes, según informó el diario “La Nación”, se les cobraban 6 mil dólares para trabajar en este país como ”manteros”

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La venta callejera es una de las pocas alternativas que tienen los senegaleses radicados en Argentina para ganarse la vida. /  RT

Sin embargo, la mayoría de los senegaleses que emigran a la Argentina lo hacen por cuenta propia, a través de contactos con familiares o amigos que ya están instalados en el país. Casi todos ingresan de manera irregular, por lo que no cuentan con la documentación en regla. Eso les impide, entre otras cosas, sumarse a los programas de ferias que ofrece la Ciudad para brindar espacios a los vendedores callejeros.

 

                               “No somos delincuentes”

Maxi llegó hace seis años desde Dakar, la capital senegalesa, y vive en un pequeño departamento junto a sus primos. Parado en una esquina sobre la avenida Nazca, es uno de los pocos africanos que habla español claramente y, a pesar de la desconfianza, se anima a dialogar con este medio. Mientras ofrece a los transeúntes ropa deportiva que guarda dentro de una bolsa negra, describe la situación de abuso por parte de la Policía: “Nos tratan como animales. Nosotros no somos delincuentes, si pudiéramos, trabajaríamos en una fábrica. No nos gusta pasar frío, ni calor, ni estar bajo la lluvia acá en la calle, pero no hay otra manera “, sostiene.

 

Cuando comienza a caer la tarde y los comercios de Flores empiezan a bajar sus persianas, el enorme caudal de gente que recorre la zona buscando precios bajos desaparece. Según Maxi, en ese momento, un grupo de policías suele aparecer con frecuencia a bordo de un camión. “Cuando ya no queda nadie, nos cercan y nos sacan la mercadería, pero no toman actas de lo que se llevan. Eso es un robo”.

 

En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU tomó nota de ese tipo de denuncias. Por eso, recomendó que se realice una “investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial dirigido a vendedores ambulantes en la ciudad de Buenos Aires, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería”. Además, instó a las autoridades a desarrollar “recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad”.

 

                                   “Perfilamiento racial”

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires toman contacto con los senegaleses una vez que estos son detenidos. Concurren al lugar donde se encuentran alojados, los entrevistan y allí tienen conocimiento de las razones y condiciones de la captura.

Luis Duacastella, Defensor General Adjunto que participó de las reuniones con los funcionarios de la ONU, señala a este medio que 70 por ciento de los trabajadores del espacio público, entre los que se hallan senegaleses y nigerianos, son detenidos por resistencia a la autoridad. Y que cuatro de cada cinco causas de este tipo son archivadas por las fiscalías.

 

“Creemos que hay elementos suficientes como para sospechar que hay un perfilamiento racial de la policía, y que particularmente se actúa contra los senegaleses. Por ejemplo, de los más de 600 casos de violencia institucional que hemos monitoreado el año pasado, el 76 % de los detenidos son argentinos, el 10 % son de América Latina y el 14  africanos. ¿Cómo es posible que una población de 3.500 a 5.000 africanos en la ciudad de Buenos Aires suponga el 14 % de las detenciones?”, se pregunta Duacastella.

Así es como salieron a buscar el segundo dato: ¿De dónde provienen las detenciones? “Descubrimos que el 57 % de los detenidos por resistencia a la autoridad son africanos”, afirma. Por lo general, a lo que se resisten los vendedores, más que a la detención, es al decomiso de la mercadería, porque con ello pierden su único modo de subsistencia.

“Esta es una orden general de actuación que le dio el fiscal general a todos los fiscales. Si la persona se niega al secuestro de la mercadería, se lo imputa por resistencia a la autoridad, cuando en realidad se puede utilizar la fuerza para decomisarla sin necesidad de llevarse detenida a la persona”, dice el funcionario. Y agrega: “Esto es como si una persona blanca se negara a que le lleve el auto la grúa y se lo impute por resistencia a la autoridad, algo que no sucede”.

Detrás de buena parte de estas causas está la fiscal Celsa Ramírez, quien en 2017 recibió un premio por parte de la filial argentina de la firma de indumentaria Nike por “su trabajo sobre el origen, distribución y venta de bienes destinados al comercio ilegal”.

 

“Creemos que hay un uso abusivo de la figura de resistencia a la autoridad, y por eso son incriminados tantos senegaleses. Si observamos que sólo el 20 % de los detenidos extranjeros son peruanos, y el 4,69 %  de otras nacionalidades de América Latina, vemos que claramente hay una selectividad, porque debe haber más vendedores peruanos que senegaleses”, analiza Duacastella.

                         Argentina, un país no tan promisorio

 

Si bien no hay cifras oficiales, se calcula que desde mediados de los  90 hasta la actualidad llegaron a la Argentina más de 4 mil personas, en su mayoría hombres provenientes de Dakar.

Pero los tiempos de 2018 no son los mismos que los de hace ya tres décadas, cuando la convertibilidad permitía que cada peso argentino ganado se convirtiera en un dólar para enviar a Senegal.

 

Gisele Kleidermacher es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ha realizado decenas de trabajos sobre movilidad e inserción de inmigrantes senegaleses recientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultada por RT, explica por qué ha mermado en los últimos años la cantidad de personas de ese país que deciden radicarse en Argentina: “Ellos comienzan a venir  atraídos por la paridad cambiaria y el hecho de que había relaciones diplomáticas entre ambos países y era fácil conseguir una visa. A partir de la crisis de 2001, se eliminaron algunas embajadas por recortes y esa situación cambió”, sostiene.

 

Para Kleidermacher, no se mantuvieron las condiciones que hacían de la Argentina  un país favorable para migrar. “Una vez que comienzan a funcionar las redes y cadenas migratorias, ya se establece el colectivo y las personas siguen llegando, sin importar si esas condiciones, que funcionaron como un imán en principio, continúan vigentes. Argentina era un país desconocido para Senegal, y no un destino elegible. La mayoría prefería ir a Europa o Estados Unidos”.

En un español claro, pero pausado y de escasas palabras, Arfang Diedhiou, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), reconstruye su pasado sentado en la mesa de un Mc Donald’s del barrio porteño de Constitución. Hoy tiene 40 años y hace 11 que llegó a este país “por casualidad”. “El objetivo no era venir acá sino a Europa o Estados Unidos. Pero hablé con un amigo y me convenció, porque el país estaba bien”.

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Para muchos senegaleses como él, su llegada a Sudamérica comienza como una sugerencia de alguien conocido que ya se ha establecido y no la pasa tan mal. En el año 2008, le tocó a Arfang, quien viajó a Brasil, y luego atravesó la frontera con Argentina para radicarse finalmente en su capital. “El tema de los papeles es complicado. Porque la mayoría de los chicos entran sin visa. Primero pasan por Brasil, porque como Argentina no tiene embajada en Senegal, hay que ir hasta Nigeria para conseguirla. En cambio, la de Brasil se consigue más fácil”, explica el dirigente de ARSA.

 

La última regularización para residentes senegaleses en Argentina fue en 2013, cuando se abrió un periodo especial en el que se condonaba la falta administrativa  de haber ingresado al territorio de manera irregular. A través del pago del monotributo, muchos inmigrantes pudieron regularizarse. “El problema es que duró solo seis meses. Hubo muchos que quedaron afuera de ese plan, y otros volvieron a ser irregulares al año”, detalla Kleidermacher.

 

Según la especialista, la posibilidad de obtener documentación hoy es nula, “más allá de las detenciones arbitrarias y de las causas judiciales que se les arman”, porque “la ley migratoria actual tiene una serie de categorías a través de las cuales las personas extranjeras pueden regularizarse, pero la población senegalesa no entra en ninguna de ellas”. Eso, indefectiblemente, los empuja a la venta ambulante. “Es lo que hay —dice Diedhiou—. A veces no queda otra. Vos llegás, el idioma te cuesta, no tenés papeles, no sabes a dónde ir. Lo único que podés hacer es trabajar en la calle. Hoy no hay trabajo para los argentinos, imaginate para los que recién llegan al país”.

 

Texto y fotos: Emmanuel Gentile
Actualidad RT.com

 

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