EN SALTA, LA IMPUNIDAD MANDA

El nieto del gobernador Miguel Ragone reclamó que el ex juez federal Ricardo Lona cuente lo que pasó con los más de 200 desaparecidos y/o asesinados durante la última dictadura en Salta. “Él daba las órdenes de a quien mataban y a quien no mataban”, sostuvo.

“Cuando mataron a Miguel Ragone y a más de 200 personas en Salta en la década del 70, Ricardo Lona era el único juez federal, era un juez que fue absolutamente cómplice de la matanza de Miguel Ragone y de todos y cada uno de los desaparecidos. Manejaba a sus anchas la justicia federal en Salta, a la Policía Federal y a la Policía de Salta, él daba las órdenes de a quien mataban y a quien no, y así como lo mataron a  Ragone y a otras 200 personas también ayudó a otras a salir del país, él decidía.  Él era el señor de la vida y de la muerte de muchos salteños, tiene que contarnos qué pasó, y dónde están esos cuerpos y su familia y sus amigos tienen que saber lo que él hizo porque creo que esa es la justicia que nos permite a los salteños poder mirarnos a los ojos”, sostuvo Fernando Pequeño al referirse a la suspensión del inicio del juicio a Lona.

MIGUEL-RAGONE

Militantes de organismos de derechos humanos se reunieron en las escaleras de acceso a la Justicia Federal de Salta para reclamar por la suspensión del juicio al ex juez federal Ricardo Lona por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y el intento de homicidio de Margarita Martínez de Leal.

El debate iba a comenzar el lunes 18 de febrero, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta decidió posponerlo sin fecha aduciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resolvió dos recursos de queja planteados por la defensa del ex magistrado, un especialista en encontrar vericuetos en el procedimiento para evitar ser juzgado por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos en la década del 70, en el marco del plan sistemático de eliminación de personas que ejecutaron los personeros de la última dictadura cívico militar en el país.

El nieto de Ragone, que es querellante en este proceso, sostuvo que la falta de resolución de los recursos de queja “tiene que ver con el contexto nacional, hubo una Corte de Justicia que no nos sorprende, hoy es el pivote donde se estructura la defensa de todos los grupos que han producido el genocidio”. La suspensión del debate, insistió, “tiene que ver justamente con la estrategia de la Corte, esta vez, similar a la que fue siempre de la mano de todos los genocidas, dilatar, dilatar y dilatar”. Aseguró que lo se busca es demorar los proceso “para darles (a los acusados por crímenes contra la humanidad) la impunidad hasta que su vida se extinga”; es el caso de Lona, planteó, que ya es anciano y “goza de gran impunidad”.

“No es solamente un juez impune, es la historia de la Justicia Federal en Argentina y en Salta, que aplasta los seres humanos para lograr que un pequeño grupo que representa el juez y sus amigos hagan lo que ellos quieran, pero la justicia debe funcionar, nosotros no bajamos los brazos”, afirmó.

Pequeño subrayó que si bien estos hechos se cometieron hace más de 40 años, tienen continuidad en la actualidad, porque “sigue pasando hoy en la impunidad con que la justicia resuelve las cosas no cumpliendo la ley”.

Referentes de los organismos de derechos humanos, como Nora Leonard y Blanca Lezcano se pronunciaron en términos similares. La abogada María José Castillo, representante en la querella del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, denunció que la Corte Suprema actúa como “garante de la impunidad” al no resolver estos recursos y dar el argumento al TOF 2 Salta para suspender el inicio de este debate, que era muy esperado por las víctimas del terrorismo y militantes de DD.HH.

La querella presentó un planteo de reposición, pidiendo al TOF 2 que revea su decisión y fije fecha para la audiencia. Entre otras razones, afirmó que el Tribunal tiene la facultad de iniciar el debate aun habiendo recursos pendientes de resolución. Y resaltó “la paradoja de esta causa donde se busca dilucidar la responsabilidad judicial en los delitos contra la humanidad” y en la que “la interposición de un sinnúmero de recursos para evitar el juzgamiento es un dato característico que atravesó toda la instrucción y que ahora continúa en esta etapa plenaria. Tan es así que lleva dos años elevada la causa a juicio y actualmente nos encontramos con una resolución que suspende sine die el inicio del debate”, afirmó.

En el mismo sentido sostuvo que “la gravedad de los hechos que se investigan, el tiempo transcurrido, la vigencia y profundidad del daño causado (…), ameritan que la celeridad en favor de la verdad y la justicia prevalezca sobre cualquier criterio restrictivo”. La suspensión del debate “daña el derecho a la justicia de las víctimas de una manera irreparable, porque el tiempo transcurrido agrava el daño y favorece la impunidad, por el tiempo biológico del imputado”.

También el fiscal federal Francisco Snopek elevó un planteo pidiendo que “se mantenga la fecha de la audiencia de debate” ya “no se encuentran configuradas las causales invocadas en la resolución para proceder a la suspensión”.

 

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