Así se saquean las tierras fiscales en Chaco.

Una superficie de 3.655 hectáreas de tierras fiscales en la provincia de Chaco, originariamente adjudicadas a Juan Julio Bravo, se “perdieron” durante un largo tiempo en el Instituto de Colonización. Los graves hechos acaecidos, que incluyeron la sorpresiva “aparición” de las actuaciones administrativas de Bravo, permiten hablar de un “expediente caliente”.

saques de tierra

 

Mientras Bravo vivía, canceló el precio de la adjudicación en venta que le otorgó el Instituto de Colonización. El adjudicatario falleció en 2011, según testimonios orales. Quedaron a cargo del predio, su compañera, Avelina Avarevich, y su hijo Juan Daniel Bravo, en función de la declaratoria de herederos que se dictó en el sucesorio del adjudicatario.

En la tierra fiscal adjudicada predominaba la explotación forestal. Según testimonio de los lugareños, antes de que Bravo enfermara y falleciera ya habían cesado las actividades productivas en las dos parcelas. El adjudicatario alquilaba el campo a productores de la zona para explotar el monte y extraer madera. Su hijo, Juan Daniel no habría trabajado ni ocupado nunca la tierra.  Solamente usufructuó de ella con contratos de alquiler para la explotación forestal.

Hasta aquí  puede tratarse de una más las tantas  historias de adjudicaciones fraudulentas de tierras fiscales, de las ocupaciones, las actividades  y el destino de las tierras públicas, similares  a la privatización que se produjo en El Impenetrable. Las tierras terminaron en manos de grandes empresarios, locales que no residían en Chaco.

Durante de la gestión de uno de los principales actores  de las denuncias realizadas contra el saqueo, el ex fiscal y ex presidente del Instituto de Colonización, Raúl J. París  dispuso una pormenorizada inspección de las parcelas  adjudicadas a Bravo. La directora de Legislación de la Tierra del Instituto de Colonización indicó  a Avelina Azarevich y a Daniel Bravo que solicitaran la  adjudicación judicial del predio al Juez del sucesorio de Bravo.

Pero, por detrás, se venía gestando otra de las operaciones inmobiliarias irregulares que comenzaron a verificarse a partir de 1999 y que luego se convirtieron en moneda corriente en el Instituto de Colonización.

Para generar un aparente marco legal a favor de la adjudicación de las tierras fiscales  a Bravo, el presidente de Colonización, Walter Ferreyra,  firmó una resolución de “transferencia” de la adjudicación de padre a hijo. Concretamente,   hizo figurar que Juan Julio Bravo -ya fallecido- transfirió la adjudicación  a favor de su hijo, Juan Daniel. El trámite y el instrumento legal dictado aparecen como totalmente irregulares porque carecen de solicitud y violan los procedimientos legales establecidos.

Una conocida y poderosa familia empresaria de Pampa del Infierno habría comprado a precio irrisorio las mejoras a los herederos de  Bravo. Ningún empleado de Colonización realizó  inspección alguna, ni  elaboró informes sobre el predio que se encontraba abandonado y sin actividad alguna, lo que debió determinar que el Instituto de Colonización iniciara hace años el trámite de desadjudicación, seguido del recupero de las tierras fiscales.

Como el Instituto actuó de manera negligente,  si es que directamente no ha propiciado intereses espurios que van en contra del patrimonio provincial,  se pudo concretar la compra de las mejoras por parte del citado grupo económico , que nuevamente salió beneficiado a pesar de que cuenta con capitales y patrimonios suficientes para comprar campos en venta en el mercado inmobiliario rural privado.

saqueo

Aparentemente el presidente del Instituto firmó la autorización de transferencia de padre a hijo sin advertir que el adjudicatario había fallecido. Sin embargo, luego se continuó con el trámite.

La poderosa empresa  ya ha tomado posesión, ocupa las dos parcelas, y ejecutó extensos desmontes perimetrales en los dos predios, las cuales  están ubicadas a poco más de 2 kilómetros, aproximadamente, del Establecimiento Las Rejas y de Tantanacuy, el emprendimiento de conservación y ecoturístico.

Ese desmonte se ejecutó sin que aparentemente se contara con el correspondiente permiso que debió otorgar la Dirección de Bosques. Cuando el Centro Mandela visitó el campo, el desmonte ejecutado era reciente y no se exhibía en la tranquera del predio rural el cartel que obligatoriamente debe colocarse, en el que tienen que figurar los datos que permitan individualizar el número del expediente en trámite para obtener el permiso de deforestación, el nombre del titular del campo, la disposición que ordenara el desmonte, la superficie autorizada y el técnico responsable, entre otros datos obliga.

No hay rastros de otros trabajos dentro del predio. En los hechos se está operando sigilosamente para no levantar sospechas.

Tal cual ha ocurrido en el caso Bravo, distintos funcionarios del Instituto de Colonización intentan perfeccionar y dar marco legal a la entrega fraudulenta de grandes superficies de tierras fiscales a reconocidos y poderosos empresarios o testaferros locales o foráneos.

Los intermediarios siguen siendo los mismos reconocidos profesionales del interior de Chaco. Lo lamentable de esta historia es que, según lo denunciaba París, nada de esto sería posible sin la complicidad de algunos funcionarios públicos que se han enriquecido, con la complacencia, la participación y asesoramiento de algunos  empleados del organismo.

El saqueo de tierras fiscales en Chaco, en  sus distintas modalidades,  tuvo su auge durante el gobierno de la Alianza, que fue determinante para la época,  pero continuó después y sigue vigente una política que beneficia a megasojeros, grandes productores de girasol y maíz de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que comienzan a ser los dueños de El Impenetrable, en detrimento de minifundistas y pequeños campesinos, con lo cual se produce además la despoblación del campo y el cierre de escuelas y puestos sanitarios.

Fuente: Centro Mandela

 

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