Crónicas del desamparo

Abandonado por las autoridades gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, un refugio que alberga a las víctimas de la trata sexual y la esclavitud laboral sobrevive gracias a los aportes solidarios y a la vocación de servicio de los profesionales que siguen cumpliendo con las  tareas asignadas a pesar de no cobrar sus salarios. 

 

Algunas llegaron engañadas y trasladadas desde Bolivia, rescatadas de la esclavitud laboral en los talleres textiles, otras, fueron víctimas de trata sexual o reducción a la servidumbre, que lograron huir y pedir auxilio a algún vecino. La mayoría de las mujeres que fueron recibidas en esta casa grande con aspecto de escuela rural en un predio de dos hectáreas, estuvieron al borde de la muerte. Tras sus muros hay otro mundo y muchas historias.

“Tiempo de Crecer” es el único refugio para asistencia de víctimas de trata y explotación sexual, en la provincia de Buenos Aires. Hasta hoy,  no se recibió ni  un sólo pago del convenio de 2016, firmado con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo, actualmente, de Gustavo Ferrari. Cuenta con capacidad para 20 plazas que nunca fueron ocupadas en su totalidad, debido a la escasa derivación por parte del llamado “Punto Focal”, es decir  de la Dirección Provincial de Trata, dependiente de esa cartera.  Entre 2015 y 2016 fueron alojadas 28 personas, de las cuales 7 eran niños y niñas que se encontraban junto a su madre o padre en el lugar de explotación, según el último informe que presentó el refugio al citado organismo, a cargo de Gonzalo Gassull.

En ningún caso el ingreso de las víctimas se realizó bajo los requisitos del Protocolo de Salud, el cual tuvo que ser realizado posteriormente por el equipo de profesionales del refugio.  Entre los ingresantes se detectaron casos de HIV, tuberculosis, sífilis, embarazos de riesgo, adicciones y padecimientos mentales severos. En el lugar, presidido por el sacerdote Osvaldo de Piero, trabajan distintos especialistas: una profesora de arte, otra de música, una psicóloga, una trabajadora social, varias operadoras y su directora Mónica García. Se contaba también con un empleado de mantenimiento y una cocinera, a quienes debió pedírseles  que dejaran de concurrir, porque no había manera de pagarles.

Las asistidas son en su mayoría mujeres, de entre 18 y 30 años de distintas nacionalidades, sometidas a esclavitud sexual o laboral. En una oportunidad arribó una joven boliviana con estudios secundarios que se había fugado de sus victimarios. Trabajaba en una agencia de trabajo en la ciudad de Cochabamba y aparentemente no padecía necesidades económicas. Pese a esa situación de no vulnerabilidad, fue engañada por una mujer que se acercó a la oficina con el fin de solicitar personal para trabajar en la Argentina. Ni su novio ni su familia fueron informados por ella de que había aceptado la oferta. Así comenzó una rutina de maltrato físico y psicológico. Fue encerrada junto a otras cuatro personas y trasladada diariamente –con los correspondientes controles- a distintos puestos de venta callejera hasta que logró huir y pidió auxilio a la propietaria de un kiosco que la socorrió y se comunicó con el 911.

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En otra ocasión fue recibida en el refugio una joven de 18 años con problemas de adicción a quien su padre intentó rescatar cuando denunció que era esclavizada y abusada por un sujeto que vivía en la planta alta de su propia casa, quien  le entregaba droga a cambio de sexo. Se la internó en un hospital donde fue dada de alta a los pocos días. Una supuesta amiga la volvió a introducir en el antro del que había conseguido evadirse. Tras la posterior denuncia policial se realizó un allanamiento en el lugar y luego de la correspondiente investigación pudo comprobarse que el individuo ya había sido condenado por un tribunal de La Plata por vender estupefacientes y alojado en el penal de Ezeiza. También se verificó que el sitio donde estaba retenida era muy similar a una celda.

No obstante las carencias, en el refugio se trabaja día y noche y los celulares están siempre encendidos ya que es frecuente que deban asistir a una víctima o acompañarla a un hospital o conseguir pañales para algún bebe.

Según detalla de Piero, en una carta que le envió al Ministro de Justicia  en noviembre último, hasta el momento se ha podido afrontar parte de los gastos gracias a la ayuda de organizaciones como Cáritas, colaboradores, vecinos y aportes del propio personal. “ A la fecha –especifica un párrafo del texto- se adeudan 11 meses, los gastos mensuales ascienden a $208.800 pesos, resulta imprescindible contar con el financiamiento en tiempo y forma para poder cumplir en su totalidad con el Protocolo, las necesidades y las estrategias de restitución de derechos de las personas alojadas, entre las cuales se encuentran alimentación, higiene personal, limpieza, atención médica, traslados, servicios (gas, electricidad) espacios educativos y, fundamentalmente, los sueldos del personal que se dedica a esta temática tan compleja con profesionalismo y calidez humana”.

“Tiempo de Crecer”, ha sido abandonado por las autoridades provinciales. De allí el urgente reclamo a la gobernadora María Eugenia Vidal a efectos de que garantice los recursos necesarios, ya que el equipo altamente capacitado para atender una problemática tan compleja sigue ocupando sus puestos de trabajo a pesar de no cobrar los salarios que le corresponden. Desoír el reclamo de mantenerlo abierto, significaría ratificar la indiferencia oficial ante situaciones de alta vulnerabilidad social.

 

Natalia Yanina Vázquez

 

Ilustración: Aldi Zolnirczak

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